Operación Lezo

La Operación Lezo es una investigación que está llevando a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) con motivo de las posibles irregularidades que se han venido llevando a cabo en el Canal de Isabel II, la empresa pública madrileña de gestión de aguas dependiente de la Comunidad de Madrid. Las investigaciones al respecto apuntan a que los cabecillas de esta compleja trama fueron, Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular; Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado de la editora del diario La Razón y ex presidente ejecutivo de la empresa Inassa, una de las filiales en Latinoamérica de Canal Extensia, empresa del Canal de Isabel II; Javier López Madrid, directivo de la famosa compañía OHL; María Fernanda Richmon, ex directora de los asuntos financieros del Canal, o Pablo González, hermano de Ignacio González y, al parecer, también colaborador de las estrategias y de las diferentes operaciones relacionadas con la trama.

A Ignacio González, que ha sido suspendido de su militancia por el Partido Popular mientras se resuelve el tema de su imputación, se une otro peso pesado de las filas del partido, Eduardo Zaplana, que está siendo investigado también ya por Eloy Velasco, el juez de la Audiencia Nacional y encargado de la Operación Lezo. A estos cargos del PP se unen otros nombres, como el de Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno de Ceuta o Pedro Antonio Martín Marín, ex secretario de Estado de Deportes. Nombres que se suman a una lista de investigados que ya ronda, según informaciones de última hora, las 60 personas, entre cargos políticos, directivos y gestores del Canal y empresarios y constructoras.

El desarrollo de la investigación del caso Lezo está sacando a la luz múltiples y graves irregularidades relacionadas con el desvío masivo de fondos públicos destinados en la teoría al Canal de Isabel II, y en la práctica a determinadas operaciones empresariales con contratos fraudulentos para el enriquecimiento privado y personal de los implicados.

 

Sagas familiares, escuchas y dimisiones

El transcurso de la investigación en torno a la Operación Lezo está revelando datos que constatan el hecho de que no solo Ignacio González estaba implicado en la malversación de fondos públicos del Canal, sino que también lo estaban otros miembros de su familia, como su hermano Pablo González, su hermana Isabel González, diputada en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular, o su propia esposa, Lourdes Cavero, que también está siendo investigada.

Las escuchas realizadas por la Guarda Civil revelan que todos eran conscientes de que se estaba investigando al entorno del ex presidente de la Comunidad de Madrid, puesto que de las mismas se desprende que en una reunión privada llegó a planearse la realización de una estrategia para desviar la atención en torno a Ignacio González. A raíz de dichas escuchas salió también a la luz que Pablo González organizó una reunión con José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad por el Partido Popular por la que éste, hoy mismo precisamente 28 de abril, ha tenido que comparecer en el Congreso en donde ha aclarado que dicha reunión no tuvo que ver con este asunto aunque ciertamente llegó a tener lugar.

Esta semana además, y al hilo de esta operación, ha terminado como consecuencia de la presión política y social con la dimisión del acta de concejal y portavocía del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid de Esperanza Aguirre. Aguirre, que era la Presidenta de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular durante los años que la Guardia Civil está investigando en torno al Canal de Isabel II, ha manifestado en declaraciones a los medios que se siente completamente hundida y traicionada por el que fuese su mano derecha y hombre de plena confianza.

Denuncias sobre González en el PP

Jesús Gómez, diputado regional del partido y ex alcalde de la localidad madrileña de Leganés, ha realizado declaraciones públicas en las que pone de manifiesto que las irregularidades de Ignacio González en el Canal de Isabel II eran bastante públicas y notorias, denunciando el caso hasta cinco veces ante Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy. Gómez evidencia con estas declaraciones que el Partido Popular llevaba tiempo conociendo la posible existencia y veracidad del caso, ante lo que no decidió tomar ningún tipo de medida. Gómez asegura que llegó a aportar nombres, fechas y situación de cuentas en paraísos fiscales a diferentes miembros del partido que hicieron caso omiso de su denuncia, alegando que podría tratarse de algún tipo de revanchismo laboral.

El Partido Popular se mantiene estable, en cualquier caso, a pesar de las nuevas noticias de corrupción que parecen salpicar gravemente a las filas de su partido, especialmente en lo que se refiere al Partido Popular madrileño, que se aproxima al borde de una severa crisis con la desaparición de parte de sus miembros más destacados, bien por imputaciones o por dimisiones, como en el caso de Esperanza Aguirre. Unos escándalos de corrupción que podrían dañar seriamente al partido en el Gobierno, aunque su Presidente, Mariano Rajoy, se mantenga del todo optimista ante los hechos manifestando que el peso de la ley caerá con extrema firmeza ante aquellos que delincan y que su partido lucha contra la corrupción de manera activa.

La oposición, por su parte, no se plantea (a excepción de Podemos) que el Presidente tenga que rendir cuentas ante el Congreso por este asunto, aunque sí parece que vayan a tomarse otras medidas, como en la que concuerdan PSOE y Podemos en torno al blindaje del Canal de Isabel II como empresa pública, eliminando su constitución como sociedad anónima que tuvo lugar en el año 2012 y previniendo posibles nuevos casos de corrupción y malversación de caudales públicos para fines privados y lucrativos. Ambos partidos coinciden en que es necesario volver a revestir al Canal de sus fines estrictamente públicos con un nuevo modelo de gestión que no permita la privatización de su titularidad o su venta a empresa privada alguna.